Ministerio de Relaciones Exteriores

 

En 1990, el Gobierno de Chile creó el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE, dependiente del Ministerio del Interior. Su misión es implementar las políticas públicas en torno al problema de las drogas y prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas en el país. Lo componen 14 instituciones del Estado, las que utilizan sus redes sociales para coordinar y ejecutar programas de prevención del consumo de drogas, tratar su uso abusivo e informar a la ciudadanía sobre alcances del fenómeno. También aborda el tráfico ilícito de sustancias por medio de un control policial y legislación adecuados.

Nuestro país junto con adherir a los parámetros y principios establecidos en el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas referido al PMD, elaboró su Estrategia Nacional de Drogas de conformidad con los contenidos y los plazos establecidos en la oportunidad, y con la Estrategia Hemisférica de Drogas de la CICAD/OEA.

 

Los principios generales que orientan la Estrategia Nacional de Drogas 2003-2008: son la integralidad, la co-responsabilidad y participación social. Trece son los objetivos estratégicos que se plantea esta estrategia cuya finalidad es reducir el consumo y el tráfico de drogas hacia el año 2008. Siete de estos objetivos apuntan a la reducción de la demanda de drogas; tres a la reducción y control de la oferta y al lavado de activos; dos se orientan hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y actualización del marco legal y uno a impulsar la cooperación bilateral y multilateral con énfasis en la cooperación horizontal.

 

La Ley Nº 20.000, publicada el 16 de febrero de 2005, que sanciona el tráfico de drogas, actualizó la legislación antidrogas incorporando entre otros elementos, la aplicación de sanciones al microtráfico y la creación de la figura del "agente revelador"para facilitar las investigaciones; perfeccionó las normas sobre entrega vigilada, incorporándose la entrega controlada de sustancias, que se verifica previa interceptación de la operación; perfeccionó normas sobre protección de testigos, agentes encubiertos, peritos y cooperadores eficaces; elevó las penas de la asociación ilícita para traficar; estableció mecanismos de control de sustancias químicas a través de la creación de un registro nacional de importadores, exportadores y productores de sustancias susceptibles de ser utilizadas en la elaboración de drogas, que se encuentra funcionando bajo la dependencia del Ministerio del Interior/CONACE; estableció que los bienes enajenados y decomisados por infracción a la ley de drogas ingresarán a un fondo especial dependiente del Ministerio del Interior y serán destinados a programas de prevención y rehabilitación; estableció como inhabilidad para desempeñar altos cargos en la Administración Publica el ser un consumidor dependiente de drogas ilícitas. Las autoridades deberán hacer una declaración jurada de no encontrarse afectados por la inhabilidad señalada, etc.

Es del caso destacar el importante avance que ha significado la implementación del Registro Especial de Usuarios de Sustancias Químicas Controladas. El 17 de abril de 2007 fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo 1.358 del Ministerio del Interior, que otorga el marco regulatorio a este Registro. Luego de completadas las etapas de inscripción de usuarios y posterior estudio de antecedentes de cada empresa solicitante para su acreditación como miembro registrado, se dio comienzo de un proceso de capacitación de empresas acerca de la forma de interactuar con el Registro, en una plataforma electrónica, en el portal Web de CONACE. Cada usuario debe informar de las importaciones y exportaciones, como también llevar un inventario actualizado de cada una de las sustancias. Lo anterior posibilitará la realización de inspecciones sin previo aviso.

 

De esta manera, al entregar esta información  a los organismos correspondientes de los países con los cuales se efectúa este tipo de transacción comercial - lo que posibilita además informar al Servicio Nacional de Aduanas la llegada o salida de las sustancias químicas que se encuentran bajo control - Chile está dando cumplimiento a los acuerdos internacionales sobre la materia.

 

 

La Comisión de Estupefacientes fue establecida por el Consejo Económico y Social el año 1946, como el órgano central de elaboración de políticas sobre el tema de las drogas en el sistema de Naciones Unidas. La Comisión analiza la situación de drogas en el mundo y desarrolla propuestas para fortalecer el sistema internacional de control de drogas para combatir el problema mundial de las drogas.

 

Durante el Vigésimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar del 8 al 10 de junio de 1998, dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas, los gobiernos del mundo elaboraron una verdadera estrategia mundial de fiscalización. Se comprometieron a trabajar conjuntamente para elaborar estrategias más coherentes y reforzar las actividades prácticas encaminadas a limitar tanto la producción como el consumo de drogas ilícitas, con inclusión de campañas para reducir la demanda de drogas, programas para limitar la disponibilidad de sustancias que pueden utilizarse en la producción de drogas y actividades para mejorar la cooperación jurídica entre países con miras a una mejor fiscalización del tráfico de drogas, así como la intensificación de los esfuerzos encaminados a erradicar los cultivos ilícitos en que se basa la producción de drogas.

 

En esa oportunidad se definió el Problema Mundial de las Drogas como el cultivo, la producción, la fabricación, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, comprendidos los estimulantes de tipo anfetamínico, la desviación de precursores, y las actividades delictivas conexas.

Para ello la Asamblea General definió además, entre otros elementos y principios para hacer frente al PMD, metas y objetivos para el año 2003 y para el año 2008 para los Estados Miembros los que han servido de base para la creación de las Estrategias Nacionales de Drogas. Entre las referidas metas es del caso destacar:

En referencia al marco jurídico que fundamenta la acción de nuestro país en el tema, Chile es parte de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961; el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971; la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988; la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

 

Chile participa en las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes. Recientemente, entre el 10 y el 14 de marzo de 2008, nuestro país participó en el 51º Período Ordinario de Sesiones que estuvo abocado, entre otros temas a la preparación del proceso de evaluación de 10 años del Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General dedicado el PMD – UNGASS – (por su sigla en inglés). Sobre el particular es del caso señalar el documento presentado por el Director Ejecutivo de la Oficina contra las Drogas y el Delito, Don Antonio María Costa, titulado Making Drug Control Fit for purpose. Building on the UNGASS Decade, el que constituye en nuestra opinión una valiosa herramienta de reflexión para el trabajo de evaluación que culminará durante la próxima reunión de la Comisión de Estupefacientes. 

 

El citado documento está elaborado sobre la base de una autocrítica que además de valorizar los logros alcanzados, señala lo que falta por hacer. Avanzar hacia la próxima década requiere un compromiso triple de las partes: reafirmar los principios básicos sobre multilateralismo, responsabilidad compartida y protección de la salud pública; mejorar el rendimiento del sistema de control por la vía de alcanzar los objetivos de UNGASS a través del imperio de la ley, la prevención, el tratamiento y la reducción de daño, todo en forma simultánea; y mitigar las consecuencias no deseadas señaladas anteriormente.

 

Dos elementos interesantes de destacar en este documento están referidos, por una parte al enfoque actualizado de la reducción del daño, la que considera debe ser aplicada en forma conjunta y simultánea con medidas relativas al imperio de la ley, la prevención y el tratamiento. El documento señala que si la reducción del daño se lleva a cabo sin estos tres componentes, desvirtuará cualquier sistema de control, enviando un mensaje equivocado e incentivando el uso indebido de drogas; la clave es involucrar a toda la sociedad y no sólo a los expertos en control de drogas. Es del caso señalar que en su discurso de apertura, el delegado de Estados Unidos señaló la oposición de su país a iniciativas de reducción de daño que faciliten el consumo de drogas.

 

El segundo elemento está referido a los derechos humanos. La salud es un derecho humano fundamental. El control de drogas y la implementación de las Convenciones sobre el tema deben ser efectuados en el marco de la salud y los derechos humanos.  La aplicación de la pena de muerte divide en la actualidad a los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Hace un llamado a disminuir la brecha entre los estándares internacionales y la legislación de algunos países en esta materia.

El presente año estará dedicado a la preparar la evaluación de UNGASS, proceso que culminará en el mes de marzo de 2009, durante el 52º Período Ordinario de la Comisión de Estupefacientes, y cuyo resultado será determinante de la forma como se abordará el tema en la próxima década.

 

 

La CICAD fue establecida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 1986 como la respuesta política del Hemisferio Occidental para resolver todos los aspectos del problema de las drogas. 

 

La misión principal de la CICAD es fortalecer las capacidades humanas e institucionales y canalizar los esfuerzos colectivos de sus Estados Miembros para reducir la producción, tráfico y el uso y abuso de drogas en las Américas. Entre sus principales objetivos se puede señalar el de servir como foro político del Hemisferio en todos los aspectos del problema de las drogas; promover la cooperación multilateral en el área de las drogas; ejecutar los programas de acción para fortalecer la capacidad de los estados miembros de la CICAD para prevenir y tratar el abuso de drogas; combatir la producción y el trafico de drogas ilícitas; y negar a los traficantes el dinero obtenido como resultado del trafico de drogas; promover la investigación en el área de las drogas, el intercambio de información, capacitación especializada y asistencia técnica; y  desarrollar y recomendar estándares mínimos para la legislación sobre control de drogas, para tratamiento, para medir tanto el consumo de drogas como el costo de las drogas a la sociedad, y para medidas de control de drogas, entre otros.

 

Una de las grandes fortalezas de la CICAD está constituida por la existencia del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) encargado de analizar la dimensión del problema de las drogas como de la existencia y eficacia de políticas específicas en cada una de las áreas de intervención en los países del hemisferio. Asimismo por la formulación de recomendaciones y su posterior seguimiento.

 

Chile participa en los Grupos de Expertos de CICAD sobre Reducción de la Demanda, el que presidirá hasta fines de 2008; sobre Control del Lavado de Activos; sobre Precursores Químicos y Productos Farmacéuticos y sobre Narcotráfico Marítimo.

 

Una valiosa herramienta de cooperación horizontal, modalidad innovadora de transferencia de conocimientos e intercambio de información y experiencias, es el Memorándum de Entendimiento suscrito el 7 de noviembre de 2005 entre la Secretaría General de la OEA, a través de la CICAD y el Ministerio del Interior, a través de CONACE, cuyo propósito es desarrollar un programa de colaboración mutua con el objeto de apoyar a diferentes países del Hemisferio en el impulso de sus estrategias de drogas. Tal asistencia técnica ha posibilitado apoyar la implementación de programas de prevención del consumo de drogas en diferentes ámbitos poblacionales; organizar una red de centros y programas de tratamientos de drogas y establecer plataformas de información en materia de drogas.

 

Chile asumió la vicepresidencia de esta Comisión durante el 42º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión, en el mes de noviembre de 2007.

Los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2008 se realizará en Chile el Cuadragésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la CICAD. Esta reunión contará en principio con la participación del Secretario General de la OEA, Don José Miguel Insulza y representantes de los organismos de drogas de los 34 países de la OEA, de los países observadores permanentes y organismos internacionales.

 

En la oportunidad se elegirá a Chile en la presidencia de la Comisión, cargo que será asumido por la Representante Titular de Chile ante la CICAD, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes  (CONACE), dependiente de ese Ministerio,  Sra. María Teresa Chadwick.

 

En el marco de los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas para hacer frente al Problema Mundial de las Drogas (PMD), Chile está atento a los desafíos y nuevos compromisos que los países deberán asumir para avanzar hacia la próxima década.  Como se señaló anteriormente, durante el 52º POS de la Comisión de Estupefacientes que se celebrará en marzo del 2009 en Viena, Austria, culminará el proceso de evaluación a nivel mundial de la aplicación de las declaraciones, metas y objetivos aprobados por la Asamblea General de la ONU en su vigésimo período extraordinario de sesiones, dedicado al Problema Mundial de las Drogas – UNGASS. Lo anterior será determinante del carácter evaluativo que necesariamente deberá tener la próxima reunión de la CICAD en Chile.

 

 

 

Chile ha suscrito Acuerdos en materia de drogas con 25 países, la mayoría de los cuales contempla la creación de Comisiones Mixtas de Drogas, las que se realizan periódicamente de común acuerdo, y en las cuales participan representantes de todas las instituciones nacionales que tienen competencia en los distintos aspectos del tema de drogas.

 

Durante el año 2007 se realizaron dos reuniones de Comisiones Mixtas de Drogas. La primera de ellas, la I Reunión de la Comisión Mixta de Drogas Chile-Ecuador se realizó en Santiago, los días 23 y 24 de agosto de 2007. Los compromisos adoptados por ambas delegaciones durante esta reunión estuvieron dirigidos al establecimiento de líneas de trabajo conjunto y de colaboración en los ámbitos de reducción de la oferta de drogas;  de cooperación legal mutua  y de reducción de la demanda, definiéndose entre otros temas de interés común, compromisos y puntos de contacto interinstitucionales para el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información en los referidos ámbitos de acción y el compromiso de generar instancias de cooperación y coordinación de programas de prevención dirigidos a poblaciones específicas como modelos de capacitación especializada y apoyo mutuo al diseño del sistema nacional de tratamiento, rehabilitación e inserción social con perspectiva de género.

 

En el marco de esta reunión la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Chile y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la República del Ecuador, suscribieron un Memorándum de Entendimiento en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera relacionada con el Lavado de Activos.

 

La segunda reunión celebrada durante el año 2007 fue la VII Reunión de la Comisión Mixta sobre Drogas Bolivia-Chile, que tuvo lugar en la ciudad de La Paz, los días la 4 y 5 de septiembre de 2007. En la oportunidad se constituyeron 4 grupos de trabajo, en cada uno de los cuales  los representantes de ambos países se abocaron al seguimiento de los acuerdos adoptados durante la VI Reunión de la Comisión Mixta de Drogas - celebrada en Santiago el 23 de julio de 2003 -, y a establecer nuevos compromisos destinados al fortalecimiento de lazos de coordinación e intercambio de información y de cooperación entre instituciones homólogas con el propósito de avanzar en los esfuerzos conjuntos para hacer frente al problema de las drogas en ambos países. Se adoptó, entre otros acuerdos, compromisos de coordinación y de intercambio de información sobre fiscalización de sustancias químicas controladas; sobre intercambio de experiencias en estrategias territoriales de prevención del consumo de drogas, tanto en Bolivia como en Chile;  compromisos sobre capacitación conjunta y de organización de jornadas binacionales de trabajo para abordar temas de políticas públicas de prevención, tratamiento y rehabilitación, investigación y seguimiento.

 

En el ámbito de la Cooperación para el Desarrollo Integral Alternativo, la Delegación de Chile ofreció otorgar cooperación en asistencia técnica, en áreas prioritarias sobre Superación de la Pobreza, Modernización del Estado, Fomento Productivo, Salud, Vivienda, Educación y Relaciones Internacionales.