Los países de América Latina y el Caribe, dieron un paso significativo en la protección, asistencia y soluciones para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas con la adopción de 15 prioridades temáticas contenidas en la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034 (PAC), adoptados en diciembre de 2024, en el marco del Proceso conmerativo de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.
Las 15 prioridades para el bienio 2025-2027 fueron identificadas dentro de las 101 acciones del PAC, durante la Primera Reunión Regional de su Mecanismo de Seguimiento y Coordinación, convocada por Chile, como Presidencia del proceso, y con el acompañamiento de México como Vicepresidencia. Asimismo, los países aprobaron la constitución y las modalidades de funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento y Coordinación, y de la Plataforma de Apoyo al Plan de Acción, así como las estructuras de cooperación para fortalecer la respuesta regional integrada y sostenible.
Entre las acciones prioritarias acordadas destacan la atención en fronteras, y a lo largo de la toda la ruta de desplazamiento; facilitar el acceso a procedimientos de asilo; promover la reintegración de personas retornadas y avanzar hacia la erradicación de la apatridia. Se impulsará, además, un sistema de asilo más eficiente a través del uso responsable de tecnologías digitales y la capacitación técnica. Asimismo, los países se comprometieron a fomentar la inclusión socioeconómica mediante políticas públicas que garanticen el acceso a empleo, educación y documentación, y a promover mecanismos de reunificación familiar. Ante los crecientes desplazamientos en el contexto de desastres y eventos climáticos extremos, las medidas priorizadas incluyen la integración de personas refugiadas, desplazadas y apátridas en los sistemas nacionales de respuesta, en igualdad de condiciones que los nacionales del país de acogida, y una mayor cooperación regional basada en la solidaridad.
Todas estas acciones muestran el compromiso de la región con una respuesta humanitaria y de protección coordinada, sostenible y basada en derechos.
La Presidencia del PAC, a través de la Embajadora Marta Bonet, Directora General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, subrayó que “el Mecanismo y su Plataforma, así como las prioridades acordadas, requerirán de una ejecución coordinada en el ámbito nacional, regional e internacional. La determinación de las prioridades nos permitirá articular y mantener la vigencia de iniciativas presentes en los Planes de Acción de México y Brasil, así como desarrollar áreas innovadoras, para contribuir a la implementación regional del Pacto Mundial sobre los Refugiados y la Alianza Global para poner fin a la apatridia”.
El Mecanismo de Seguimiento y Coordinación, y la Plataforma de Apoyo al Plan de Acción de Chile, constituyen estructuras novedosas para garantizar su implementación efectiva. Está conformado por los países que adoptaron el PAC y cuenta con el apoyo del ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), en su calidad de Secretaría Técnica. Este Mecanismo confirma el compromiso de la región con los principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad compartida en materia de protección internacional y soluciones duraderas.
La Plataforma de Apoyo tiene una composición más amplia, al incluir redes específicas, constituidas por organizaciones de la sociedad civil, las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, la academia, los gobiernos locales, además de actores de desarrollo, instituciones financieras internacionales, el sector privado, las instituciones nacionales de derechos humanos, y las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas.
Por su parte, como Vicepresidencia para el bienio 2025-2027, la Embajadora Jennifer Feller, Directora General de Derechos Humanos y Democracia, en representación de México, reiteró su compromiso con el Espíritu de Cartagena y reafirmo su apoyo a la presidencia chilena del Mecanismo de seguimiento y coordinación, y a la articulación de esfuerzos con miras al fortalecimiento de la protección internacional, el logro de soluciones duraderas y la erradicación de la apatridia en la región. Destacó que este marco es una oportunidad para armonizar las acciones de las autoridades nacionales y sumar la perspectiva de otros actores de la sociedad.
La Declaración y el Plan de Acción de Chile fueron adoptados en la conmemoración de los 40 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984; uno de los marcos estratégicos regionales más relevantes en materia de protección y soluciones para las poblaciones forzadas a desplazarse para poner a salvo su vida e integridad.
En sintonía con el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018, la Declaración y Plan de Acción de Chile involucran a múltiples sectores de la sociedad bajo un enfoque integral, a través de respuestas comunes a los desafíos originados por a los desplazamientos a gran escala de personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe, tomando en cuenta las necesidades de protección y soluciones en los países de origen, tránsito, destino y eventual retorno.
En la reunión, Juan Carlos Murillo, Jefe de Relaciones Externas para ACNUR en las Américas destacó que "la adopción del Plan de Acción de Chile y la puesta en marcha de su Mecanismo de Seguimiento y Coordinación representan un compromiso renovado de los Estados de América Latina y el Caribe con la protección internacional y la búsqueda de soluciones. Desde ACNUR, celebramos este esfuerzo colectivo que promueve la solidaridad regional y las soluciones duraderas para millones de personas refugiadas, desplazadas y apátridas. Este proceso es un ejemplo de liderazgo global en la implementación del Pacto Mundial sobre los Refugiados”.
Según el informe Tendencias Globales, de ACNUR, la población desplazada por la fuerza en las Américas asciende a 21,9 millones de personas, lo que representa el 17,6% del total global de 123,2 millones.
