Los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros encargados de la Seguridad, de la República Argentina, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República de Chile, de la República del Ecuador y de la República del Perú, reunidos en Santiago, Chile, el 28 de mayo de 2026;
Tienen presente la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus Protocolos, así como los demás instrumentos y mecanismos regionales e internacionales pertinentes;
Convencidos de que, dada la naturaleza esencialmente transnacional de esta amenaza, los esfuerzos de cada país, aun siendo relevantes y necesarios, no resultan suficientes por sí solos y deben complementarse con una respuesta regional más articulada, coordinada, sostenida y eficaz entre los Estados;
Resaltan la importancia de promover la pronta ratificación del Tratado Constitutivo de AMERIPOL y reconociendo su potencial como plataforma regional para el intercambio de información y la coordinación de acciones operacionales simultáneas;
Reconocen que la delincuencia organizada transnacional se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza, el bienestar y la estabilidad de nuestras sociedades, afectando gravemente la seguridad de las personas, debilitando las instituciones, comprometiendo las condiciones adecuadas para el desarrollo humano y erosionando la calidad de la democracia;
Advierten que las organizaciones delictivas operan sin respetar las fronteras, aprovechando diferencias normativas e institucionales y, crecientemente, el uso de herramientas tecnológicas, plataformas virtuales, sistemas financieros y redes logísticas lo que hace necesaria una estrecha coordinación y articulación entre los países de la región para enfrentar este flagelo;
Reafirman que la implementación del presente Compromiso deberá realizarse con pleno respeto a la soberanía nacional y en conformidad con el derecho interno y los compromisos internacionales de cada parte;
Expresan la voluntad de los Estados participantes de traducir este compromiso en medidas operativas concretas, medibles y verificables, que orienten la acción de las entidades técnicas y operativas competentes;
Destacan los esfuerzos que los Estados participantes vienen realizando a nivel nacional, bilateral y regional en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, valorando la experiencia acumulada en mecanismos existentes, entre ellos el MERCOSUR y el Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina, y destacando la importancia de favorecer e impulsar la convergencia y complementariedad entre dichas instancias, en la convicción de que una mejor articulación de las iniciativas preexistentes resulta necesaria para alcanzar resultados concretos y evitar duplicidades;
Reconocen que la lucha eficaz contra la delincuencia organizada transnacional exige una respuesta regional amplia y articulada, los Estados participantes declaran que el presente Compromiso quedará abierto a la incorporación de otros Estados que compartan sus objetivos, con miras a ampliar progresivamente la cobertura y eficacia del mecanismo;
Tienen presente la necesidad de fortalecer mecanismos de integridad institucional, transparencia y prevención de la corrupción vinculada a la delincuencia organizada transnacional;
Tienen presente que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional requiere también políticas integrales de prevención, fortalecimiento institucional, además de medidas operativas y de control.
Se comprometen a
Conformar un Grupo de Trabajo integrado por las entidades competentes de cada país, con el mandato de elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar la delincuencia organizada transnacional e implementar acciones concretas con resultados medibles y verificables, con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable, y de conformidad con las competencias, recursos y marcos institucionales de cada Estado participante. Dicho Plan de Acción Conjunto será sometido a la aprobación de los Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros encargados de la Seguridad de los Estados participantes.
El Grupo de Trabajo funcionará como una instancia de coordinación técnico-operativa, con liderazgo rotatorio entre los Estados participantes, de manera anual y por orden alfabético, y su instalación y primera reunión deberá celebrarse dentro de los 90 días siguientes a la adopción del Compromiso Regional de Santiago.
En ese sentido, se encomienda al Grupo de Trabajo realizar propuestas en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control fronterizo y toda otra materia que, en el marco de sus trabajos, las partes técnicas identifiquen y consensuen como de interés común. Para tal efecto se ha elaborado un documento con propuestas de líneas de trabajo que orientará el Plan de Acción Conjunto.
En el plazo de 180 días, las cancillerías, ministerios encargados de la seguridad o entidades técnicas pertinentes de los Estados participantes, se reunirán para revisar el estado de avance del compromiso asumido.
El presente Compromiso constituye una declaración política y programática, destinada a orientar y fortalecer la cooperación y coordinación regional entre los Estados participantes, frente a la delincuencia organizada transnacional.
Adoptado en Santiago de Chile, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil veintiséis.
