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Alta mar como objeto de política exterior

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Alta mar como objeto de política exterior

Chile es una economía oceánica significativa en el orden mundial y por ello tiene intereses de largo plazo en la conservación de un océano saludable. Este objetivo sólo se puede lograr por medio de la cooperación internacional, considerando que los ecosistemas marinos no reconocen las fronteras de los espacios jurisdiccionales.

La arquitectura global para la gobernanza del océano se ha ido consolidando en las últimas décadas en un sistema complejo de normas y marcos que es importante implementar. Chile ha sido un activo protagonista de esta evolución, desde la negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) hasta el más reciente Acuerdo BBNJ, que regula la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en alta mar.

Son precisamente los espacios de alta mar los que han recibido una atención especial de la comunidad internacional en los últimos años. Por ejemplo, en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que desarrolla un código minero, en donde Chile ha tenido un liderazgo en la promoción de una pausa precautoria para evaluar las consecuencias ambientales de una explotación de los fondos marinos.
Es el caso también del ya mencionado Acuerdo BBNJ, en donde nuestro país también participa activamente. No sólo fuimos el segundo país del mundo en ratificar, sino que además lideramos una iniciativa para el desarrollo temprano de áreas marinas protegidas en alta mar, empezando por la Cordillera de Nazca y Sala y Gómez frente a nuestras costas, uno de los lugares de mayor biodiversidad del mundo.

A ello debe sumarse, por cierto, la propuesta de albergar la secretaría técnica del BBNJ en la ciudad de Valparaíso. Ello permitiría traer a Chile una actividad permanente de discusión académica, de gestión de recursos, de creación de capacidades y de transferencia de tecnologías marinas, entre muchos otros beneficios.

Finalmente, es importante mencionar la implementación de la convención que crea la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), que en más de una década de trabajo ha sido un modelo exitoso y que ha permitido la recuperación del jurel, potenciando nuestra pesquería.

La próxima entrada en vigor del Acuerdo BBNJ ofrecerá un nuevo capítulo en este proceso, donde una vez más tendremos importantes temas que cubrir y oportunidades que explorar, no sólo para Chile, sino también para una mirada de largo plazo que ponga en el centro un océano sano, resiliente y productivo.