Una reciente encuesta efectuada en siete países de la región muestra que el 70% de los latinoamericanos cree que estará mucho mejor en diez años más, y un 82% piensa que sus hijos tendrán un mejor futuro que el de sus padres. No obstante, los profundos cambios que están ocurriendo en la estructura económica y social de nuestros países pueden llegar a poner en cuestión la capacidad para cumplir las promesas de la modernidad.
Estos cambios que inciden sobre el modelo latinoamericano de cohesión social están presentes en el ámbito demográfico, político y económico.
En el demográfico, la mayor parte de los países de la región están experimentando una transición acelerada, producto de una brusca caída de las tasas de natalidad y de la mejora en las condiciones sanitarias, que han reducido la mortalidad infantil y han extendido significativamente las expectativas de vida.
La familia en América Latina también está experimentando profundos cambios. En las últimas décadas no sólo se ha reducido la proporción de familias extendidas, sino que también lo han hecho las familias nucleares. Asimismo, se ha incrementado la proporción de hogares monoparentales, muchos de los cuales están encabezados por una mujer.
El tercer factor que emerge con fuerza en América Latina, es la expansión de la educación primaria y secundaria. Se trata de un fenómeno positivo, pero no exento de desafíos a nuestro modelo de cohesión social.
El principal desafío en este ámbito tiene que ver con las expectativas que el acceso a mayores niveles educacionales genera en la población, las que se refieren tanto a continuar el proceso educativo hasta niveles superiores como al acceso a mejores empleos y a una movilidad social ascendente. Estas expectativas no necesariamente se podrán validar en el futuro. La capacidad de la educación superior para absorber a contingentes crecientes de egresados secundarios es limitada y el mercado del trabajo no necesariamente premiará niveles superiores de formación como ocurre ahora.
En el ámbito político, vemos que claramente imperan en la región regímenes democráticos, en contraste con las dictaduras que dominaron parte importante del siglo XX en nuestra región. Sin embargo, aún falta mucho para que la democracia representativa dé cuenta efectiva de la diversidad de la sociedad y para que la administración pública se organice para responder a ella.
En materia económica, vemos que mediante la apertura al comercio exterior nuestras economías se han integrado al mundo, pero debilitando diversos mecanismos de protección social.
Una de las manifestaciones más palpables de los efectos del debilitamiento del modelo tradicional de cohesión social en América Latina, es la violencia interna que afecta a muchos países, ya sea en la forma de movimientos antisistema, el surgimiento de formas disfuncionales de cohesión local, como el que se produce en las pandillas juveniles y, en general, en la delincuencia. La inseguridad es uno de los principales problemas que afecta a los países de la región. América Latina hoy es la segunda región más violenta después de África, con una tasa de mortalidad por homicidios que duplica a la de Europa.
Parte importante de la población de la región se siente hoy más insegura también respecto de su capacidad para hacer frente a una contingencia social como la pérdida del empleo, una enfermedad grave, un quiebre familiar o el envejecimiento. Por otra parte, un modelo de cohesión basado en un Estado débil, pequeño y permeable a los intereses particulares, como existe en algunos países latinoamericanos, ya no parece viable en América Latina.
La evolución del gasto social en los países desarrollados ha dejado bien establecido que los adultos mayores demandan servicios estatales con mucha mayor intensidad que otros grupos. El debilitamiento de la familia como proveedora de bienestar requiere que el Estado no sólo cubra los vacíos, sino que ayude a desarrollar un modelo de convivencia familiar más equitativo y justo, prestando servicios que antes recaían principalmente sobre las mujeres.
La debilidad de los Estados es uno de los principales factores de riesgo frente a la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de cohesión social en América Latina, más inclusivo, justo y sostenible en el tiempo. Para responder a los desafíos planteados, las prioridades de las políticas públicas que proponemos deben enfocarse en:
1. Promover procesos de concertación social en los países de la región, capaces de identificar grandes objetivos nacionales e involucrar a diversos actores políticos y sociales en su consecución. Los países de la región debiéramos ser capaces de identificar, compartir y difundir las buenas prácticas en esta materia.
2. Construir sistemas de protección social capaces de mitigar los principales riesgos sociales que amenazan a las personas y sus familias. Una agenda regional para la protección social podría incluir el desarrollo de metodologías de evaluación de riesgos sociales que partan de las realidades de las personas y la diseminación de buenas prácticas de protección.
3. Es tiempo de una iniciativa regional en materia de seguridad, que parta por asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para que las policías y los tribunales de justicia cumplan su labor.
4. Asumir los cambios que están ocurriendo en las familias. Esto involucra facilitar el acceso de las mujeres a empleos formales remunerados, proveer alternativas de cuidado infantil, retribuir el cuidado de enfermos y adultos mayores. Se requiere una revisión sistemática de las fuentes de discriminación contra las mujeres en el mercado del trabajo y las prestaciones sociales que de allí se derivan.
5. Fortalecimiento de la sociedad civil. Una campaña regional de promoción del voluntariado ayudaría a fortalecer la confianza en los pares, a aliviar la carga del estado y, por sobre todo, a elevar la cohesión social.
6. En materia educativa, los países de la región enfrentarán en los próximos años una importante ventana de oportunidad demográfica, pues la población en edad escolar se verá reducida en un número importante de países. Esto permitiría elevar significativamente la inversión por estudiante sin desequilibrar las finanzas públicas.
7. Mayor participación del Estado. Se requiere que el Estado recupere legitimidad como proveedor de servicios a la ciudadanía y promotor del interés general. Para esto es necesario un avance importante tanto en transparencia como en efectividad de la acción del Estado.
8. El fortalecimiento de la cohesión social en la región requiere más recursos. De acuerdo a estudios del Banco Mundial la mayoría de los países de la región cuenta con cargas tributarias entre tres y cuatro puntos del PIB por debajo de lo que correspondería a su nivel de desarrollo. Esta situación es producto del sistemático bloqueo que grupos de presión han impuesto sobre las reformas tributarias que se han propuesto en la región y al factor debilitador que representa la abundancia de franquicias tributarias y tratamientos tributarios de excepción.
Los desafíos antes expuestos y el compromiso que implican, nos parecen esenciales. Las formas históricas de cohesión social en América Latina han descansado fundamentalmente en lo que podríamos llamar una apelación a una comunidad de origen. El enfrentamiento del futuro exige compartir una percepción de comunidad de destino. Es esa comunidad la que los tiempos nos exigen construir como obra colectiva latinoamericana.