Señor Presidente,
Permítanme extender a nombre del Gobierno de Chile un saludo a los distinguidos miembros del Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios. Chile valora el trabajo que desarrolla este Comité para promover y facilitar la implementación de los principios de la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. La competencia con que sus miembros llevan a cabo su mandato, convierten al Comité en un referente en las definiciones políticas y normativas en materia de inmigración.
Este reconocimiento responde a la alta importancia que nuestro país atribuye a la labor de los órganos de tratado en la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. En especial, consideramos que la migración es un tema de derechos humanos y requiere un enfoque en derecho.
La Administración del Presidente Sebastián Piñera, que asumió el gobierno el 11 de marzo de 2010, ha priorizado la política de derechos humanos y, dentro de ella, el tema migratorio, adoptando decisiones y promoviendo iniciativas para atender los múltiples desafíos que plantea la situación de los inmigrantes en la sociedad chilena.
El pasado 9 de febrero de 2010, Chile presentó su informe inicial al Comité, que fue posteriormente complementado por la respuesta a la Lista de cuestiones remitida en agosto pasado.
Señoras y señores expertos del Comité,
Al iniciar esta presentación, es indispensable destacar la modificación fundamental que ha experimentado el proceso migratorio en Chile, cambio que por lo demás puede percibirse a simple vista. Antes de los años '90, Chile se caracterizaba por ser un país eminentemente generador de emigrantes, transformándose durante las últimas dos décadas en un país receptor de los mismos. Así, cada día se observa una mayor cantidad de ciudadanos extranjeros que eligen a Chile como el lugar en donde emprenderán su proyecto de vida.
Existe coincidencia entre los expertos e investigadores en que, si bien la inmigración en Chile no ha sido relevante en términos numéricos, sí lo ha sido cuando consideramos las múltiples contribuciones que la comunidad de inmigrantes ha realizado a nuestra sociedad, desarrollo y cultura, enriqueciendo nuestra diversidad.
Al analizar la evolución de este fenómeno en nuestro país, se observa que, hasta 1982,la inmigración se caracterizó por la preeminencia de personas de origen europeo, árabe y asiático. A partir de las últimas décadas del siglo XX, comienza a prevalecer dentro de las corrientes inmigratorias, la población fronteriza, sumada a un crecimiento de la inmigración desde países asiáticos. Ambas han contribuido al auge económico que se inicia en Chile a mediados de la década del 80.
Las magnitudes actuales, de acuerdo a estimaciones realizadas por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, muestran que el total de población extranjera residente en Chile es, a la fecha de hoy, aproximadamente de 369.400 personas, las que constituyen alrededor del 2,08% del total de la población residente en el país. Ello representa un crecimiento de alrededor del 270% sobre el total de inmigrantes en 18 años, comparado a las100.000 personas extranjeras que residían en Chile el año1992.Ello, ciertamente ha generado que el tema migratorio, su regulación y la integración social de las personas que han llegado a Chile, se transforme en un tema de creciente interés, pasando a formar parte de los debates que se producen en la agenda pública y de Gobierno.
En relación al origen de la población que se recibe en Chile, la de nacionalidad peruana es la que tiene, al día de hoy, mayor representatividad, con un 37,1% del total de la población inmigrante. Le siguen los ciudadanos argentinos con un 17,2% y los bolivianos con un 6,8%, lo que da cuenta de la importancia del carácter fronterizo de la migración que recibimos. Más de un 61% del total proviene de estos tres países. Respecto a los ecuatorianos y colombianos representan un 5,4% y 3,7%, respectivamente, elevando la presencia de inmigrantes sudamericanos en nuestro territorio a un 67,8% del total, según cifras de mediados de este año.
El Estado, entonces, ha debido responder ante una mayor demanda de permisos de residencia proveniente del creciente grupo de población inmigrante. La tarea no se limita a otorgar estos permisos, sino que se ha orientado el desarrollo políticas públicas que respondan en forma coordinada a las demandas recibidas tanto de los migrantes, como de la sociedad chilena en su rol de receptora de estos nuevos flujos migratorios. Cabe señalar que durante los años 1997 y 2007, Chile aplicó dos procesos de regularización migratoria, destinados justamente a documentar a los migrantes residentes en condiciones irregulares en el país, que sólo en el año 2007 significó atender cerca de 47 mil solicitudes.
El Programa de Gobierno en relación a la situación de inmigrantes y refugiados, en el marco del fortalecimiento de los Derechos Humanos, establece una especial preocupación por los extranjeros que residen en Chile. En general, se busca fomentar una política clara contra la discriminación y que favorezca la igualdad de trato en una sociedad democrática. En esta perspectiva, la Constitución Política y la legislación chilena prohíben las discriminaciones arbitrarias y aseguran el acceso a los servicios estatales y a los mayores niveles de bienestar, acordes con el desarrollo del país a todos los habitantes.
Es por ello que el Gobierno tiene la voluntad de reforzar la coordinación de las políticas públicas nacionales relativas a la igualdad de oportunidades y la prevención de actos discriminatorios. En este sentido, se encuentra en discusión parlamentaria un Proyecto de Ley que Establece medidas contra la discriminación.
La Secretaría General de Gobierno, asimismo, ha llevado a cabo jornadas, encuentros y mesas, en diversas regiones del país, destinadas a capacitar a funcionarios públicos, y a la propia comunidad de migrantes, en materias como la diversidad y no discriminación, la legislación migratoria comparada y buenas prácticas.
Conforme a los principios y normas de la Convención, las iniciativas gubernamentales buscan promover la mayor integración de los inmigrantes, una migración segura y, también, otorgar un tratamiento diferenciado a las personas que presenten especiales condiciones de vulnerabilidad, como son los refugiados y solicitantes de refugio.
En definitiva, el Gobierno aspira a que este tema sea parte de la cultura de nuestra sociedad. Conocemos las preocupaciones del Comité respecto del marco legal que regula la situación migratoria nacional y la institucional que la implementa. Tenemos claro también, la necesidad de mejorar la coordinación y de incorporar nuevas tecnologías que permitan optimizar la gestión y atención de los usuarios de los servicios migratorios. En efecto, en materia de mejoramiento de gestión, el Gobierno puede destacar como logros la reducción, en un 60%, de los tiempos de espera en atención presencial de usuarios; la disminución de los tiempos de tramitación de los permisos de residencia y la utilización de herramientas tecnológicas, como Internet, call center y mensajería de texto.
Es en ese contexto que estamos trabajando en una nueva Ley de Inmigración y Extranjería. Esta incorporará principios rectores de la gestión migratoria y permitirá la modernización de las categorías de residencia, adecuando la nueva normativa a los convenios internacionales suscritos por Chile.
Las definiciones políticas buscan responder a los nuevos desafíos y necesidades que enfrenta la sociedad chilena, de cara a los cambios fundamentales ocurridos en los últimos años. La nueva inmigración, proveniente principalmente de Sudamérica, se caracteriza por su espontaneidad y su finalidad eminentemente laboral. Es un tipo de trabajador migratorio de costumbres sociales y laborales urbanas que se incorpora al mercado laboral en las áreas de la construcción, la industria y el servicio doméstico. La población migrante es mayoritariamente femenina y minoritariamente de profesionales.
Frente a esta realidad, cobra especial relevancia para nosotros la Observación General N°1 de este Comité, relativa a los trabajadores domésticos migratorios. Ésta constituye una guía para las políticas encaminadas a proveer una especial protección a este grupo vulnerable, frente a las distintas formas de explotación y maltrato. Como se ha señalado, la política del Gobierno apunta a asegurarles un trato en ningún caso menos favorable al que reciben los chilenos. En este sentido, nos enorgullece destacar, entre otras normas, la Ley Nº 20.255 que equiparó el salario mínimo de los trabajadores del ámbito doméstico al resto de los trabajadores de Chile, a partir de marzo de este año.
Chile ha ejecutado sus políticas públicas enfocadas en cumplir con dos principios que estimamos esenciales en el proceso migratorio, a saber: la propensión a la residencia regular de los trabajadores migratorios y el principio de igualdad de trato entre los nacionales y los trabajadores migratorios.
En este sentido, debo destacar que, entre los años 2002 y 2010, hemos otorgado más de medio millón de permisos de residencia entre temporales y permanentes. Asimismo, el Ejecutivo ha ido generando de manera gradual, iniciativas de integración para las personas que se consideran más vulnerables entre los inmigrantes, como el caso de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes hijos de inmigrantes, en los ámbitos de la salud, educación y protección de derechos, como se da cuenta en el cuerpo del informe.
Por su parte, durante el presente año 2011, nuestro país promulgó la Ley N° 20.507 que tipifica los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en nuestro sistema jurídico nacional.
Al concluir esta presentación, Señores miembros del Comité, deseo destacar también la ingente tarea que ejecuta la Cancillería chilena para la protección de la comunidad chilena residente en el exterior. Ella se expresa, por un lado, en la protección a los más de 860 mil residentes en el extranjero, donde tanto a través de la Dirección para los Chilenos en el Exterior como de nuestra red de consulados, se realiza una apreciada tarea de protección, asesoría, promoción y desarrollo a estos connacionales radicados en el exterior. Asimismo, consideramos relevante la aplicación del principio de coherencia de gestión migratoria, consistente en aplicar y solicitar en el exterior para nuestros connacionales el mismo tratamiento que se otorga a los migrantes en Chile. En el aspecto institucional, es justo relevar la constitución del Comité Interministerial para la Comunidad Chilena en el Exterior, al que se le ha encargado la misión de asesorar a los Ministerios y servir de instancia de coordinación entre ellos respecto de las políticas públicas destinadas a la vinculación y desarrollo de los chilenos residentes en el extranjero a través de la promoción y ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos, de todos sus integrantes.
Cabe destacar que, durante el actual Gobierno, se han realizado grandes inversiones con el fin de mejorar la atención otorgada por nuestros Consulados. En efecto, el año 2010, se destinaron, para estos propósitos, grandes montos presupuestarios. Durante el presente año también se dispone de una alta inversión. Por supuesto, se espera que en año 2012, la inversión en materia de atención consular en el extranjero continué incrementándose.
Sr. Presidente y miembros del Comité
Confiamos que este examen será un valioso ejercicio y un impulso para la Delegación de Chile, para nuestro país y para nuestros migrantes con el fin de mantener y profundizar el trabajo que el Gobierno de Chile viene realizando para aplicar las normas y estándares de la Convención para la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias, así como escuchar y aprender de las experiencias que tanto la sociedad civil, como otras naciones han expuesto ante el Comité.
Muchas gracias.