Amigas y amigos:
En primer lugar gracias por invitarme a esta inauguración de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y tengo el gusto, al igual que lo ha hecho la Presidenta de la República, de saludarlos y darles la bienvenida al país.
Quisiera partir constatando algo que no por obvio deja de ser menos importante. Los cambios tecnológicos que han acontecido a nivel global y que han afectado evidentemente a los medios de comunicación, han cambiado el mapa y la influencia de los distintos medios; pero aún así, la prensa escrita sigue siendo el gran vehículo de expresión y formación de opiniones y tendencias. Ustedes, en gran medida, fijan la agenda de la discusión pública.
La prensa escrita es una de grandes expresiones de la modernidad y del progreso técnico, pero también de los avances de la democracia y de los ideales libertarios que postuló la Revolución Francesa. La velocidad del telégrafo corrió paralela con la aparición de las rotativas, y con el desarrollo de un público que quería estar informado, que quería estar al día y opinar sobre los hechos, tanto nacionales como internacionales.
Desde ese momento quedaron planteadas una serie de cuestiones sobre el periodismo y la actividad de los medios, tales como la libertad de expresión, la responsabilidad periodística, el imperativo del rigor en la investigación y la entrega de la información, el respeto por las fuentes, el respeto por la dignidad y los derechos del otro Todas cuestiones que la SIP trabaja para abordar estos importantes desafíos
Y, dada la importancia que ya tenía la prensa a fines de la década de los cuarenta, cuando surge la Declaración Universal de Derechos Humanos incorporó dos artículos relativos al tema de la información.
Por una parte, la Declaración estableció el derecho a la libre expresión. Ya entonces, en sucesivas experiencias históricas, había quedado demostrado que la prensa –el gran canal para la libertad de expresión- podía ser muy incómoda para el poder público. Y es incómoda, por cierto. Los que estamos en el poder público sabemos. Pero cómo negar que es absolutamente fundamental para la transparencia, para la expresión ciudadana y para dar cuentas a la ciudadanía de los actos del poder público. Y por ello es que la Declaración incluye ese derecho como uno de aquellos que la comunidad internacional tiene el deber de salvaguardar.
Pero también estableció restricciones, puesto que también hay que velar por los derechos y libertades de los demás, así como por la moral, el orden público y el bienestar de una sociedad democrática.
Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA y otras convenciones y acuerdos tanto globales como regionales han ido perfeccionando y profundizando una doctrina que se mueve entre dos polos: el derecho a la libertad de expresión, y las limitaciones a él, derivadas de las necesidades de la convivencia democrática y del respeto al resto de los derechos que están establecidos en estas convenciones.
De este modo, esta doctrina prohíbe, por ejemplo, la apología de la guerra, la incitación al genocidio, la incitación a cometer actos contra otros por razones étnicas, las apologías del odio nacional, racial o religioso, etc. De acuerdo a estos instrumentos internacionales, periódicos como «El Observador Popular», el medio oficial del partido nazi desde 1920 a 1945 y propiedad exclusiva de Adolf Hitler desde 1921, no habría podido existir; y, sin embargo, su tiraje llegó, en 1944, a un millón 700 mil ejemplares. Es uno de los casos más evidentes sobre el mal uso de la libertad de expresión, con una tendencia editorial expresamente prohibida por lo que hoy señalan las convenciones internacionales.
Esta Asamblea se celebra cuando se cumplen 20 años de la Declaración de Chapultepec, que señala de manera correcta que la democracia y la libertad de expresión y opinión son un binomio indisoluble. Esta Declaración defiende de manera enérgica la autonomía de los medios y su independencia del poder público, la obligación de la transparencia pública, el derecho a mantener la confidencialidad de las fuentes, y se pronuncia con fuerza en contra de la censura previa y de los ataques a periodistas.
Como parte de una coalición política heredera de aquel movimiento que recuperó la democracia en Chile, que tuvo medios de prensa hostigados y censurados por la dictadura, otros que calaron frente a las sistemáticas violaciones a los DD.HH., y que cuenta entre las víctimas de esas violaciones a periodistas como José Carrasco, no puedo estar más de acuerdo con esa afirmación que ha hecho la Declaración de Chapultepec.
Y no puedo menos que reprobar que América Latina siga siendo, veinte años después de Chapultepec, un territorio peligroso, si lo miramos en su conjunto, para el ejercicio del periodismo. Hay lugares en América Latina donde informar sobre el tráfico de drogas, por ejemplo, es un desafío que puede costar la vida de los periodistas. Acaba de suceder un caso en Paraguay.
Hay otros países de la región en donde los medios de prensa sufren otro tipo de hostigamientos, más o menos sutiles, que limitan o amenazan la mantención y/o la consolidación de la democracia. Estas presiones son inaceptables. No puede haber democracia plena si la libertad de prensa se encuentra restringida.
Claro, siempre habrá una tensión entre los distintos poderes que confluyen en la sociedad. Los medios de comunicación, con justa razón, han sido denominados el cuarto poder. Y por eso que es imprescindible que su labor sea ejercida de manera responsable frente al escrutinio de la opinión pública.
La declaración de Chapultepec señala que “la credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad”. Por supuesto que estoy de acuerdo con ello, pero eso no se opone a que los medios tengan una posición ideológica o política clara y explícita.
En Estados Unidos hay medios que definen explícitamente su apoyo a uno u otro candidato a la Presidencia del país. En España hay muchos diarios que no ocultan su afinidad política. Pero ello no significa que dejen de estar comprometidos con la verdad y la precisión. Al contrario, parte del compromiso con la verdad es asumir de manera explícita la corriente de opinión a la que legítimamente pueda adscribir editorialmente un medio de prensa.
La cuestión siempre está en el delicado equilibrio entre la información fidedigna y bien investigada, y el inevitable punto de vista que asume quien construye un relato. Y en ese contexto, hay que promover, desde luego, la diversidad, la manifestación pública de distintas voces, que es lo que enriquece el debate, le da sustento al diálogo y ayuda a profundizar la democracia.
Por eso es tan importante que el panorama mediático sea diverso. La SIP manifiesta su preocupación por la concentración estatal de medios en algunos países latinoamericanos. Y eso me parece justo. Pero hay otros países donde la prensa escrita está concentrada en pocas manos privadas. Ni uno ni otro caso son los ideales para el funcionamiento de la democracia. Mientras mayor pluralidad, mayor diversidad, mejor para la democracia.
Es cierto que los medios en algunos países donde hay concentración privada acogen distintas voces y tienen columnistas de todas las tendencias políticas; pero la línea editorial condiciona la agenda nacional, por lo cual una conversación más amplia posible y diversa ceo que es la más beneficiosa.
La Declaración de Chapultepec sostiene también que “la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre, la opinión pública premia o castiga”. Hay muchas esferas públicas donde los protagonistas apelan a la autorregulación y al ejercicio responsable del oficio o de la profesión. No sólo en el periodismo, es una cuestión que también se relaciona con la democracia y la madurez cívica y sin duda que hay que fomentarla y valorarla.
Sin embargo, la doctrina establecida por las distintas convenciones de derechos humanos establece que sí debe haber leyes explícitas que protejan la honra de los ciudadanos, el respeto por la intimidad y el derecho a réplica, entre otros asuntos. Hay países con democracias muy asentadas, como el Reino Unido, donde hay una indiscutible libertad de prensa, pero también hay sanciones extraordinariamente duras para quienes vulneren principios éticos y profesionales.
Tenemos que defender y promover la libertad de expresión. De eso no cabe ninguna duda.
Las sociedades mejor informadas y con libre circulación de ideas son también más sólidas en su arraigo democrático, y más capaces de resolver las diferencias mediante el diálogo. Chile ha sido consistente con esta postura desde que recuperamos la democracia. Hemos patrocinado diversas resoluciones en el marco del Consejo de Derechos Humanos como la 21/20, del 2012, que condena enérgicamente todos los ataques y la violencia contra periodistas y exhorta a los Estados a promover un entorno seguro y propicio para que puedan realizar su trabajo en forma independiente y sin interferencias indebidas. Chile también patrocinó, en marzo del presente año, la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que renovó el mandato del Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, quien nos visitó en este año cuando expuso ante la Cumbre Iberoamericana de Jueces, y fue recibido en audiencia por la Presidenta Michelle Bachelet.
Pero reitero -- no podemos perder de vista que la libre expresión no es ilimitada, pues entra en juego con otros derechos. Por ejemplo, puede haber publicaciones de prensa que vulneren la seguridad del país y pongan en riesgo a las personas. ¿Es lícito publicarlas?
El riesgo es mayor todavía si consideramos el espacio digital, mucho más difícil de controlar y también mucho menos autorregulado. Chile endosó, en 2010 y 2011, las declaraciones en materia de Libertad de Expresión, Derechos Humanos e Internet, que abogan por otorgar una protección similar a la libertad de expresión tanto online como offline.
Nosotros compartimos el objetivo de acceso universal, reconociendo la naturaleza global de la red, y su fuerza intrínseca en materia de desarrollo y progreso económico, social y cultural.
La globalización – aunque presenta algunos aspectos negativos – ha impactado de manera positiva la toma de conciencia ciudadana sobre la democracia y el respeto por los derechos humanos. Hoy, con Internet, Facebook, Twitter, y WhatsApp entre otros, es muy difícil que un régimen pueda reprimir a sus ciudadanos sin que se conozca inmediatamente a través del mundo. Y esa fue una enorme ventaja para la democracia y los Derechos Humanos. Las violaciones no pueden ser ocultadas. Las rebeliones en Túnez o Cairo, al igual que en Yemen o Siria, fueron seguidas día a día a través de los medios de comunicación internacionales y por las redes sociales, y, de hecho, impulsadas por movilizaciones coordinadas por los propios ciudadanos de esos países, utilizando mensajes de texto por teléfonos celulares.
Y ahí la ciudadanía activa entonces, demuestra nuevamente que en un mundo digital es muy difícil ocultar la verdad. Una ciudadanía más informada y empoderada no sólo es buena para la democracia sino también para los medios de comunicación, porque es más exigente con la calidad y la oportunidad de la información.
No hay libertades absolutas, porque toda persona se mueve siempre en varias esferas y en contacto con otras personas, y el deber de la sociedad, del Estado y de los organismos internacionales competentes es defender todos los derechos de todas las personas. Pero, en definitiva, la libertad de prensa es un componente insustituible de una democracia sana, y de un país abierto que pretena busca el bienestar de todos sus ciudadanos
Muchas gracias.